Peru
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  • Date submitted: 1 Nov 2011
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Keywords: Agenda 21 (4 hits),

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CONTRIBUCION DEL PERU PARA EL DOCUMENTO DE COMPILACION QUE SERVIRA DE BASE PARA LA PREPARACIÓN DE UN BORRADOR PRELIMINAR DEL DOCUMENTO FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE TENDRA LUGAR EN RIO DE JANEIRO EN JUNIO DE 2012

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) que se desarrollará en Río de Janeiro en junio de 2012, tiene entre sus objetivos evaluar el progreso realizado en el área del desarrollo sostenible desde la adopción de la Agenda 21 en 1992 y el Plan de Implementación de Johanesburgo en el 2002. Respondiendo a esta importante convocatoria, el Perú quiere contribuir a alcanzar un entendimiento común entre los participantes en esta Conferencia.

En tal sentido, basándose en un principio de equidad que tome en cuenta las reales responsabilidades y posibilidades de la comunidad internacional, buscamos que esta Conferencia adopte decisiones realistas, concretas y viables que permitan la implementación de estrategias de economía verde, las mismas que deben tener como norte la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico en el marco inspirador de un desarrollo sostenible con inclusión social.

En este contexto, en la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe realizada en la CEPAL en septiembre de 2011, en camino a la Conferencia Río + 20, los países latinoamericanos reafirmaron que el objetivo a alcanzar es el desarrollo sostenible, el que debe asegurar el equilibrio entre sus tres pilares: social, económico y ambiental, preservando el principio fundamental de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Señalaron, asimismo, que en la Conferencia Río + 20 deberán adoptarse compromisos concretos para la erradicación de la pobreza extrema y el cambio de los patrones de producción y de consumo, donde los países desarrollados deben tener un liderazgo. Estos compromisos deberán también atender y responder a la diversidad cultural y poner en valor los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales de la Región.

I. DE RIO 92 A RIO +20: ENTRE CUMBRES La Cumbre de la Tierra, Rio 92, fue un verdadero ?parte aguas? en cuanto a la instalación de los problemas ambientales en la agenda internacional. Allí se establece claramente un nuevo paradigma de desarrollo que considera al crecimiento económico como un medio y no como un fin, y que propugna el respeto a la integridad de los sistemas naturales que permiten la existencia de vida en el planeta.

Sin embargo, los países de mayor desarrollo, aquellos que tienen la capacidad para liderar el proceso, han incumplido los compromisos contraídos. Por ejemplo, en el periodo 1990-2005, años donde los compromisos de Rio 1992 podían haber tenido auspiciosos inicios, las emisiones de dióxido de carbono conocieron serios incrementos en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, España, entre otros. Preocupa igualmente el caso de los denominados ?países emergentes?, como China, India y Brasil, cuya performance en este campo no ha sido la mejor .

A diferencia del escenario mundial en 1992, el mundo de hoy enfrenta una serie de grave crisis, económica, financiera, alimentaria y energética. Los desafíos ambientales son cada vez más amenazantes y la comunidad internacional y los gobernantes deben estar a la altura de su responsabilidad histórica, porque las amenazas del cambio climático, la desertificación, el estrés hídrico, la pérdida de diversidad biológica, entre otras, son cada vez mayores, y están poniendo en riesgo la propia supervivencia de la humanidad en el planeta.

Una mirada integral y de largo plazo podría ayudar a comprender mejor los riesgos y oportunidades y reforzar esa voluntad política que tanta falta hace en un momento crucial como el actual.

Esta ausencia de interés entre gobernantes y tomadores de decisiones corresponde, entre otros, al predominio de una concepción de la naturaleza que se inspira en la noción de la ?economía de frontera,? cuya característica principal es ver a la naturaleza como un ofertante ilimitado de recursos y como un sumidero infinito de residuos y desechos. Para esta concepción, el progreso es sinónimo de crecimiento y la prosperidad económica debe ser infinita; la naturaleza existe para beneficio instrumental de la humanidad, para ser explorada, manipulada, explotada y modificada para satisfacer las necesidades humanas. Si bien este tipo de relación con la naturaleza está en cuestión por los nuevos desarrollos de la ciencia y las humanidades y, principalmente por la grave crisis ambiental que genera, la hegemonía de la ?economía de frontera? sigue vigente, a pesar de los acuerdos de Rio 92 y del Informe Brundtland, documentos fundacionales de una nueva época a la que todavía no se asoman la gran mayoría de quienes rigen los destinos de la humanidad.

Otra diferencia, de particular relevancia, entre 1992 y el 2012 es la irrupción de los ?países emergentes? que, -unos más, otros menos-, parecieran estar apostando a mantener sus estilos de crecimiento. Es evidente que esta decisión tiene fuertes impactos en cuanto al consumo de energía y la depredación de los recursos naturales, así como en la generación de desechos y residuos, no siempre reciclables, que va mucho más allá de sus fronteras, afectando al planeta en su conjunto. Sin embargo, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, se podría observar sin dificultad que la agenda nacional y la global necesariamente se encontrarán, pues más temprano que tarde, estos países tendrán que enfrentar las consecuencias que su estilo de desarrollo supone, tanto para la sostenibilidad de su sistema productivo y de sus recursos naturales, como para la seguridad alimentaria y la gobernabilidad de sus países. Las evidencias están a la vista.

Un tercer elemento diferenciador entre la dinámica planetaria actual y la de hace 20 años, se relaciona con el surgimiento y desarrollo de actividades con fines ilícitos que impactan las economías, las sociedades, el ambiente, las culturas y la gobernabilidad de una parte significativa de varios países y regiones del mundo.

En efecto, el rol depredador de las economías y culturas ilícitas - drogas, minería ilegal, biopiratería, contrabando, armas ilegales y trata de personas - pone en cuestión la gobernabilidad socio-ambiental y económica del planeta, con relación a una economía y cultura verde con crecimiento inclusivo.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en Inglés) agencia especializada que ha realizado estudios al respecto, señala: ?Una lista no exhaustiva de problemas de la delincuencia organizada transnacional con que nos enfrentamos indudablemente incluiría la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de heroína, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, el contrabando de recursos ambientales, el contrabando de productos falsificados, la piratería marítima y la ciberdelincuencia?

A este respecto, la UNDOC sostiene que están adoptándose medidas de cooperación internacional, que el progreso de estas es necesario e inevitable y que el control de la delincuencia debe considerarse parte del proyecto más amplio de gobernanza mundial. Señala, asimismo, que dicha tendencia se ha intensificado más rápidamente que la capacidad colectiva de reglamentarla, y precisamente en las esferas no reglamentadas creadas por esta brecha han aumentado las oportunidades de crecimiento de la delincuencia organizada. Y añade que: ?Si es que han de eliminarse definitivamente los problemas de la delincuencia es fundamental que en la corriente internacional de bienes y servicios impere el estado de derecho?.

Aunque estos tráficos y delincuencia organizada no son nuevos en el planeta, la magnitud y extensión de los mismos en la actualidad ? que representan entre la cuarta y tercera parte del total de actividades humanas en varios de los países y regiones -, ponen en cuestión la capacidad mundial para contrarrestarlos y su continuación tienen impactos impredecibles sobre los recursos naturales, el agua, la diversidad biológica, las personas, las comunidades, las culturas y en general la gobernanza ambiental.

Las urgencias y desafíos de la crisis ambiental actual exigen que la Cumbre_Río +20 llegue a compromisos concretos y vinculantes, que los países deberán adoptar en relación directa con sus responsabilidades y posibilidades. Una vía posible es el buscar sinergias entre lo que los países, tanto desarrollados como emergentes, están haciendo por su cuenta y los acuerdos existentes en los foros internacionales competentes. Lo mismo para los países en desarrollo. Debería encontrarse una fórmula para la implementación de este principio a partir de criterios consensuados, que tengan un carácter vinculante para los estados.

En este sentido, la aplicación actualizada del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, señala un derrotero que, si existe la voluntad política necesaria, puede conducir a la humanidad al encuentro de soluciones viables de los entrampamientos que persisten en las negociaciones internacionales, y que impiden el alcanzar acuerdos urgentes para el presente y futuro de la humanidad.

El desarrollo sostenible sigue siendo el objetivo estratégico que permite esta visión y la Declaración de la Tierra y los compromisos de Río 92 no solo siguen vigentes, sino que hoy, a diferencia de entonces, resulta imprescindible ponerlos en práctica si se quiere mirar al futuro, no sólo a las futuras generaciones, con la mente en alto.

IMPACTOS EN EL PERÚ DE LOS COMPROMISOS NO CUMPLIDOS

El Perú se halla particularmente afectado por las indecisiones e incumplimientos de los acuerdos de Río 1992. Un primer elemento que expone especialmente al Perú es la naturaleza de su territorio, su clima y su biodiversidad. Siendo uno de los 7 países con mayor biodiversidad y de una gran diversidad de zonas de vida y pisos ecológicos, sus niveles de vulnerabilidad son particularmente altos, por lo que cualquier distorsión en los niveles de temperatura o en el régimen de lluvias impactará en sus diferentes pisos ecológicos y cadenas tróficas, quebrándose así los ciclos climáticos y las estaciones. Sequías prolongadas en regiones dependientes de las precipitaciones estacionales, lluvias intensas en zonas normalmente áridas, retroceso del bosque amazónico, desaparición de glaciares, etc. son parte de las distorsiones que el Perú seguirá experimentando de persistir la desatención a los acuerdos de Río 92.

La otra condición que expone al Perú a grandes riesgos es el nivel de exclusión social que alcanza a buena parte de su población. Los trastornos climáticos afectarán a los amplios contingentes poblacionales, mayormente pobres, ubicados en zonas sensibles y de riesgo, como valles aluviales, conos de deyección de ríos, laderas empinadas, etc. La atención que el Estado y la cooperación internacional están prestando a estas poblaciones y los avances de la lucha contra la pobreza podría perderse porque son estas poblaciones con menos recursos las que sufrirán los efectos en salud, seguridad alimentaria, falta de agua y vulnerabilidad ante desastres por eventos naturales.

Ciertas situaciones constituyen adelantos de lo que podría ocurrir en el país en caso de que las tendencias del calentamiento global -por ejemplo- se aceleren, como las sequías, las heladas, inundaciones, etc, que ya está sufriendo la población. En el Perú ya se han suscitado conflictos entre regiones por acceso al agua situada en las partes altas de los valles, como ocurrió en 2003 entre los agricultores de los departamentos de Arequipa y Moquegua, dos zonas donde el agua es escasa y dependen de las lluvias y los deshielos de los Andes.

Desde los países Andino-Amazònicos resulta fundamental el articular, en una perspectiva integral y ordenada de uso del territorio, las partes altas y bajas de la cuenca, pues cualquier acción u omisión en las cabeceras de cuenca impactará indefectiblemente en los bosques y el conjunto de las áreas amazónicas y en los ecosistemas marino-costeros.

Desde la realidad del Perú y del conjunto de los países andino-amazónicos, un área en la que se condensan varias de las principales amenazas ambientales globales son los Andes, lugar de origen de importantes civilizaciones milenarias: el cambio climático y la deglaciación, el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad con la crisis alimentaria, la pobreza y la exclusión social, Están entre los ecosistemas más frágiles junto con las pequeñas islas ?indudablemente los más vulnerables- los marino-costeros y los bosques amazónicos.

Desde 1992 a la fecha, ha aumentado significativamente la demanda de bienes y servicios relacionados con las Montañas, y el tema ya ha empezado a formar parte de la conciencia pública. Sin embargo, la capacidad de estos ecosistemas para proporcionar bienes y servicios esenciales para la humanidad está cada vez más amenazada por el cambio climático, la globalización, la falta crónica de inversión social, la ocupación desordenada del territorio, la degradación de tierras y la carencia de manejo integral de cuencas, en especial en las zonas montañosas, entre otros. A pesar de los avances realizados para promover el desarrollo sostenible de las regiones de montañas, las agendas nacionales e internacionales para el desarrollo siguen considerando a estos ecosistemas como un tema ambiental marginal y especializado. Como consecuencia de ello, las tasas de pobreza en las áreas de montaña son cada vez más altas. Sin embargo, las montañas cubren más de la cuarta parte (27%) de la superficie terrestre, proveen de agua dulce a más de la mitad de la humanidad y albergan a más de la mitad de los lugares más biodiversos del mundo.

La gestión ambiental en el Perú entre Río 92 y Río +20

La gestión ambiental en el Perú, país megabiodiverso , es un tema crucial. La preocupación por la conservación del enorme patrimonio natural del país y de sus complejas condiciones para la sostenibilidad ambiental, se ha incrementado en las dos últimas décadas, expresándose en políticas de desarrollo nacional y en una frondosa normatividad de carácter ambiental; pero también se ha evidenciado en el incremento paralelo de conflictos sociales vinculados al ambiente y la gestión de los recursos naturales.

Los últimos 20 años representan un período de puesta en marcha de procesos que terminaron de configurar un nuevo escenario económico global. El auge de las tecnologías de la información y las de la biotecnología, estuvo a la base de una etapa de fuerte crecimiento que se hace visible a partir de 1992. El otro gran suceso económico del período es la emergencia industrial de Asia, sin precedentes en la historia económica: El impresionante crecimiento de China, el desempeño de la India y otras economías asiáticas, con procesos industriales orientados a los mercados internacionales y abiertos a las inversiones.

Estos acontecimientos contribuyeron a generar en el ámbito internacional un proceso de auge y expansión de actividades económicas que no se veía desde hace un buen tiempo y que habían estado en un largo período de estancamiento hasta la década del 80. Uno de los sectores beneficiados ha sido, sin duda, el de las industrias extractivas y sobre todo la minería. Con algunos breves intervalos, son aproximadamente 20 años de expansión continua de la industria minera, proceso que entre otras cosas ha incidido a nivel global en un mayor número de territorios involucrados en esta actividad productiva .

Cabe señalar que desde mediados de la década del 90, América Latina se ha convertido en la principal región que viene recibiendo los flujos de inversión en minería. Además, al lado de la dimensión productiva y los flujos de inversión que se mueven en torno a la minería, hay una dimensión territorial que es importante considerar: la minería y también los hidrocarburos cada vez ocupan una proporción mayor de territorios en la región.

Esta presencia minera genera fuertes conflictos sociales en la región y también abre un intenso debate sobre la necesidad de ordenar el uso del territorio y proteger ciertos ecosistemas. El Perú es un buen ejemplo de todas estas tendencias de expansión de la minería en las últimas dos décadas. El Perú se ubica en lugares expectantes en el ranking de producción de los principales productos mineros y también se ha convertido en uno de los principales destinos de la inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros en América Latina. Al mismo tiempo, sin embargo, los conflictos ambientales, vinculados a las actividades extractivas son la principal fuente de conflictividad social. El crecimiento económico que el país ha experimentado durante la última década no ha priorizado lo suficiente la inclusión social ni la distribución de sus beneficios a las grandes mayorías. Ese es el gran reto que el actual Gobierno del Perú está dispuesto a enfrentar. En este contexto, para fortalecer la gestión ambiental incipiente que se tenía desde los años 80, a través de diversos órganos de carácter técnico coordinador y de enlace intersectorial, pero sin mayor gravitación política y normativa, se creó en el 2008 el Ministerio del Ambiente. La nueva institución ha contribuido a atender la creciente demanda de normativa e institucionalidad ambiental en el país y a llamar la atención sobre las urgentes necesidades de conservación y protección ambiental que se han manifestado con la acelerada expansión económica y la explotación de los recursos renovables y no renovables.

El Perú requiere un esfuerzo de mayor alcance para el desarrollo de una estrategia de crecimiento económico inclusivo, orientado a la erradicación de la pobreza y la senda de un desarrollo sostenible. Para ello será necesario el fortalecimiento de la autoridad y la fiscalización ambiental, cuyo punto de partida son las diez líneas de acción que han sido priorizadas por la actual dirección de la Autoridad Ambiental para el período 2011-2016.El Perú apuesta a un desarrollo sostenible articulado en base a políticas concertadas entre los diversos sectores sociales involucrados. En esta perspectiva se inscriben las dos primeras medidas del nuevo gobierno. La primera fue el establecimiento del gravamen a las ganancias mineras en relación con el incremento de los precios internacionales de los minerales, concertado con los agentes económicos involucrados y destinado a inversiones en programas sociales. La segunda fue la aprobación de la Ley de Consulta Previa, para una adecuada aplicación del Convenio 169 de la OIT, a fin de que se haga efectiva la consulta a los pueblos indígenas sobre los proyectos de inversión que afecten los territorios que habitan y en los que desarrollan sus actividades.

En este contexto, se requiere fortalecer la conservación de ecosistemas naturales proveedores de servicios ambientales indispensables y medios de subsistencia a gran parte de la población; se requiere, asimismo, fortalecer y extender el alcance de la autoridad ambiental central, a fin de asegurar una gestión transparente y consistente en la preservación y protección ambiental para el beneficio del conjunto de la población, en contraposición al interés exclusivo de los sectores productivos dominantes; se requiere, en suma, de una institucionalidad capaz de articular y balancear los diversos intereses económicos en términos de equidad social y sostenibilidad ambiental.

II. ECONOMÍA VERDE: INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ERRADICAICÓN DE LA POBREZA

Durante el contexto de la crisis económica-financiera del 2008 nace el concepto de economía verde como una propuesta de cambio al paradigma económico vigente. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una economía verde es aquella que ?mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas?. Entonces, el modelo económico actual, contaminante y de un uso ineficiente de recursos denominado modelo ?marrón?, debe ser reemplazado por uno más limpio, con menor emisión de carbono a la atmósfera y de un uso eficiente de los recursos del planeta, que permita el crecimiento de la producción, el empleo y, simultáneamente, la reducción de la pobreza. De este modo, entendemos que el objetivo de la economía verde es ser una herramienta que contribuya al desarrollo sostenible.

El Perú plantea que el tránsito hacia una economía verde, en la cual se puedan enfrentar simultáneamente la pobreza, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, requiere de la construcción de una visión compartida para hacer frente a los desafíos claves que enfrentan las economías y sociedades a nivel global. A continuación presentamos los que consideramos los principales desafíos a enfrentar desde la realidad y la experiencia del Perú y de las sociedades Andino-Amazónicas, pero con una perspectiva global, con miras a la construcción de esta visión compartida y un Plan de Acción Global.

a) Patrones de consumo y producción

En la Cumbre de Río del 92 hubo un consenso entre los Jefes de Estado y de Gobierno en señalar, en forma inequívoca, que las causas de la crisis ambiental estaban en los patrones de producción y consumo dominantes. La experiencia de los últimos veinte años no ha hecho si no mostrar la evidencia que los actuales patrones de consumo y producción son insostenibles en el tiempo. Una dinámica de explotación intensiva en capital y de degradación del capital natural es el proceso mediante el cual los países desarrollados han generado la riqueza que poseen ahora y, todo parece indicar que es, el mismo camino que los países en desarrollo estamos siguiendo hasta hoy. Esta dinámica de consumo y de producción se incrementa exponencialmente con el aumento de la población mundial debido a una mayor demanda de productos alimenticios, energía, agua, y al aumento de desechos sólidos y químicos. Además de ser un sistema insostenible, es perjudicial porque la actual senda de crecimiento económico crece en paralelo con el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI). El inusual aceleramiento de este proceso se debe a la mayor emisión de GEI y a los responsables de estas emisiones.

Sin embargo, es en épocas de crisis, cuando las soluciones se manifiestan. Las causas de la crisis económica y financiera actual en los países desarrollados hay que encontrarlas precisamente en los patrones de consumo imperantes, entre otros factores. Esta situación presenta una especial oportunidad para que tanto consumidores como productores cambien sus prácticas a fin de estar en condiciones de transitar hacia sociedades ?limpias? y ambientalmente sostenibles. En los últimos años los productores ya están aumentando su capacidad de almacenamiento virtual y mejorando la logística en los modelos de producción, mientras que los consumidores ya están cambiando sus gustos y buscan productos más pequeños y multifuncionales.

En este proceso ya se puede observar un diferencial en el pago por productos orgánicos, amigables con el medio ambiente o ?verdes? frente a productos contaminantes. Los casos del banano, cacao y café orgánico, los diferentes ejemplos de certificación de productos forestales provenientes de bosques tropicales manejados de manera sostenible, y el crecimiento del mercado voluntario de bonos de carbono, son algunos ejemplos de este proceso.

Estos cambios en los patrones de producción y consumo deben estar orientados a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad a través del consumo de bienes y servicios que logren satisfacer sus necesidades pero utilizando la menor cantidad de recursos. Ello se enmarca en el enfoque de ecoeficiencia, que permite que al sector aprovechar las oportunidades y posibilidades que le ofrecen la economia verde y el desarrollo sostenible. En este proceso, la reconversión de la matriz energética buscando una mayor utilización de energías renovables, resulta fundamental. b) Crisis y stress hídrico y adaptación al cambio climático

Los sistemas agroalimentarios están enfrentando de manera dramática los desafíos del stress hídrico y la desertificación. A pesar de algunos esfuerzos preliminares, aún no se ha podido implementar de manera eficiente el pago por los servicios ecosistémicos que se generan en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Y, por otro lado, los sistemas de información para monitorear eficazmente los balances hídricos que determinan la factibilidad de las diferentes actividades productivas y de consumo que aprovechan los recursos hídricos, no se han desarrollado adecuadamente. En el caso de los recursos hídricos se hace muy transparente la urgente necesidad de construir nuevos marcos institucionales para la gestión integrada de los recursos naturales. La construcción de plataformas para una gestión inclusiva y participativa de todos los actores para la gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental si es que los países quieren alcanzar un sendero de crecimiento sostenible en el marco de una economía verde.

Este proceso de implementación de nuevas plataformas institucionales para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos es aún un proceso en construcción. No sólo se trata de promover la participación del conjunto de actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, sino también de desarrollar un sistema de gestión que permita optimizar el uso de los mismos en las diferentes actividades económico ? productivas, de consumo de las ciudades, y la generación de hidroenergía. Ante el creciente stress hídrico, en los países en desarrollo y, en particular, en los países Andino ? Amazónicos, hay experiencias que muestran como las economías campesinas pueden lograr y están logrando adaptarse con éxito a los cambios climáticos. Prueba de ello es que han adecuado sus técnicas de producción a la conservación de especies y manejo de cultivos en diferentes pisos altitudinales en los Andes.

c) Agricultura empresarial y economía campesina

En los países andino-amazónicos existen diversas experiencias que muestran como las comunidades indígenas y nativas han sido capaces de conjugar el cuidado de las especies con el desarrollo productivo . Tal es el caso de la Reserva Comunal Yanesha en la Selva Central del Perú, uno de los pocos ejemplos en bosques tropicales en el mundo donde los pueblos amazónicos han alcanzado un nivel de manejo forestal sostenible. En contraste, el aprovechamiento empresarial de la actividad agrícola ha puesto énfasis en la producción de cultivos ligados a mercados más rentables y dinámicos. De igual manera, ha buscado aumentar los rendimientos de cada hectárea de suelo para poder maximizar sus ingresos.

Estos dos sistemas de producción, además de presentar un mundo con fracturas sociales, expresan las tensiones que enfrenta la agricultura en el tránsito hacia una economía verde. Entre los principales problemas que se enfrentan están el desempleo, la pobreza rural extrema y los procesos de degradación ambiental inducidos por la agricultura migratoria. La economía campesina, si bien ha logrado disminuir los impactos de su actividad en términos de emisiones y, a la vez, ha mostrado ser capaz de adaptarse al cambio climático, por lo general todavía no ha obtenido una rentabilidad adecuada que permita a sus miembros alcanzar un nivel de desarrollo deseable, siendo un reto por enfrentar todavía el proyectar las experiencias locales a economías de escala Sin embargo, hay experiencias relevantes, como el de Sierra Productiva en los Andes Peruanos, donde se ha logrado combinar conocimientos tradicionales (ofrecidos por técnicos campesinos llamados en quechua como ´Yachachiq´ --los conocedores o sabios) con tecnologías modernas. Así mismo, en los Países Andinos se ha potenciado la producción campesina a través de cadenas productivas que articulan a los pequeños productores con el mercado nacional e internacional.

Por otro lado, la agricultura empresarial, si bien resulta rentable, su contribución a la satisfacción de las necesidades alimentarias locales es insuficiente, convirtiendo así al país productor en un exportador de alimentos y limitando la disponibilidad de estos en el ámbito local. De otro lado, tampoco ha mostrado ser eficiente en el cuidado del ambiente allí donde no existen adecuados mecanismos de control. Un ejemplo es el bajo o nulo costo del agua y el mal aprovechamiento del recurso a pesar de su escasez.

d) Cambio de uso del suelo

El valor añadido de la economía verde, como un nuevo paradigma para alcanzar el desarrollo sostenible está, fundamentalmente, en un reordenamiento de prioridades en el aprovechamiento de los recursos y los sistemas productivos de modo de reducir los efectos del cambio climático y, a la vez, cumplir con objetivos de desarrollo local, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y a la seguridad alimentaria y conservando la diversidad biológica en el marco del uso sostenible de los recursos naturales.

Entre estos recursos se encuentra la tierra. El uso adecuado de la tierra puede incrementar el producto y, al mismo tiempo, disminuir la degradación ambiental y las emisiones de carbono. Sin embargo, existen algunos conflictos entre el uso de la tierra y los objetivos intermedios que buscan alcanzarse en el tránsito hacia una economía verde. Tal es el caso de la acelerada expansión de la producción de agro biocombustibles.

El balance energético que poseen los biocombustibles es notablemente mayor que el de los combustibles fósiles. De esta manera, algunos países fomentan su uso para disminuir las emisiones de carbono y a la vez dinamizar la economía de los lugares en los que se producen. Sin embargo, se presentan un conjunto de posibles efectos colaterales. Entre los más resaltantes están la concentración de la tierra y las amenazas a la seguridad alimentaria. El primer efecto es resultado de los incentivos propuestos. Una actividad, con rendimientos de escala creciente y con un mercado suficientemente grande llevará, necesariamente, a la búsqueda de mayores cantidades de tierra. El resultado lógico del mercado será una concentración de tierras, -que ya se está produciendo en países como el Perú, particularmente en la zona norte- limitando, cada vez más, las posibildades de quienes no pueden acceder a este factor de producción en grandes extensiones.

Existen evidencias de que el corolario, además del crecimiento económico, es la degradación de los suelos con una creciente desigualdad que está al origen de nuevos conflictos sociales. No menos importante, por otro lado, es que la especialización productiva y la concentración de la propiedad de la tierra están generando la pérdida de biodiversidad, el aumento de la pobreza rural, y afectando la seguridad alimentaria. El hecho que se destine el suelo para la producción de combustibles genera, necesariamente, un aumento del costo de oportunidad para la producción de alimentos. Ello implica una reducción en la producción de alimentos y/o una disminución de la masa forestal para ampliar la frontera agrícola. En cualquier caso, este proceso ya comienza a poner en jaque la disponibilidad alimentaria a nivel global.

e) El nuevo enfoque territorial como imperativo

En última instancia los dilemas del desarrollo sostenible requieren que los países definan con claridad las reglas de acceso y uso de los recursos naturales, para lo cual se deben consolidar los diferentes instrumentos disponibles para otorgar mayor seguridad de tenencia a los productores, así como optimizar el aprovechamiento de largo plazo de los recursos. En ese sentido, las políticas de ordenamiento territorial son pre condición del lanzamiento de una economía verde, de tal manera que las múltiples actividades económicas se desarrollen de manera compatible con una visión compartida del uso del territorio.

América Latina viene trabajando desde hace más de una década en el enfoque del desarrollo territorial rural (DTR), integrando la transformación productiva (competitividad) con la transformación institucional (descentralización y democracia) y la gobernanza ambiental (conservación del capital natural a través de instrumentos de zonificación y ordenamiento del territorio). Los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) han implementado con bastante éxito los primeros ejercicios participativos de zonificación y ordenamiento territorial en los ecosistemas de bosques tropicales. El desafío es mayor cuando se trata de ordenar el territorio en ecosistemas de altas montañas, donde el desarrollo de proyectos de inversión en industrias extractivas es cada vez más importante.

f) Gases efecto invernadero (GEI): el dilema de la mitigación

La elección de un patrón óptimo de consumo y producción, acompañada de una diversificación de la matriz energética, permitirá reducir la explotación de recursos como los combustibles fósiles, principales responsables de la emisión de los GEI.

La demanda por energía seguirá en aumento. Si los procesos actuales de generación de energía se mantienen, incluso bajo esta senda óptima de consumo y producción, los GEI seguirán aumentando. Entonces, es necesario un cambio de las fuentes y tecnologías usadas para la producción de energía. La dependencia del uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y otros recursos no renovables, es insostenible por la contaminación que generan y por su eventual agotamiento. Se debe desarrollar un proceso paulatino pero sostenido para cambiar la dependencia de los combustibles fósiles y de formas de producción de energía contaminantes. Esto implica el aumento de la participación de energías renovables y, como consecuencia de ello, el cambio de la Matriz Energética. . Es necesario invertir en la reducción de los costos de vehículos con pocas emisiones de GEI y multiplicar los importantes avances que se vienen dando, en los últimos años, en el sector automotriz para el desarrollo de vehículos no contaminantes.

En general es imperativo que los países, en cumplimiento de los principios de Río 92, cambiemos los patrones de producción iniciando el tránsito hacia una economía verde para construir sociedades con baja emisión de carbono.

g) Pueblos indígenas y desarrollo económico

Para lograr un tránsito efectivo hacia una economía verde y al desarrollo sostenible, es necesario no sólo el reconocimiento y respeto a la pluriculturalidad, sino el aprovechamiento adecuado de todo su potencial. Para ello, una primera cuestión es garantizar la integridad y seguridad de los territorios de los pueblos originarios y comunidades indígenas, en armonía con las Áreas Naturales Protegidas y como parte de una política de ordenamiento territorial.

La diversidad cultural es condición ?sine qua nom? para la conservación de la diversidad biológica, por ello, es necesario recuperar y consolidar los conocimientos y tecnologías tradicionales, articulándolas con las tecnologías modernas, tal como se viene haciendo en los países andino-amazónicos, a pesar de no contar todavía con todo el marco jurídico e institucional, nacional e internacional, que este desafío requiere. En el caso del Perú, merece destacarse la iniciativa ?Sierra Productiva?, ya mencionada, que ya ha ganado varios premios internacionales. En ésta, los ?Yachachiq? (conocedores campesinos indígenas) difunden y transmiten conocimientos tradicionales a un conjunto de familias campesinas, al mismo tiempo que éstas se capacitan en el manejo de las nuevas tecnologías disponibles para el manejo del suelo y del agua. Esta experiencia constituye una contribución muy concreta desde los Andes Peruanos que vale la pena rescatar a nivel nacional, regional y global en el proceso de transición hacia una economía verde y de construcción de un nuevo paradigma de desarrollo sostenible con baja emisión de carbono.

III. MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En 1992, se adoptó una serie de acuerdos cruciales en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra); entre ellas la adopción de la Declaración de Río, la Agenda 21 y las denominadas ?Convenciones de Río? (Convención de la Diversidad Biológica, Convención contra la Desertificación y Convención sobre Cambio Climático).

De igual manera, en 1992 se establece la Comisión de Desarrollo Sostenible, a la cual se le encarga fundamentalmente hacer el seguimiento a lo acordado en Río en 1992. En el 2002, diez años después de la Conferencia de Río, se aprueba el Plan de Implementación de Johanesburgo (JPOI, por sus siglas en inglés) en cuyo capítulo XI se establece la necesidad de fortalecer el marco institucional para el desarrollo sostenible tanto a nivel internacional, regional y nacional, con vista a integrar el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible dentro de las actividades de la entidades, programas y/o fondos relevantes al interior del sistema de Naciones Unidas, así como de las instituciones financieras internacionales, dentro de sus respectivos mandatos.

De otro lado, la ayuda internacional, tanto la convencional para el desarrollo, como la comprometida por los acuerdos internacionales, aún adolece de serias incertidumbres en cuanto a las formas de distribución, asignación, acceso, calificación y condiciones; se requiere, particularmente, de una mayor claridad en el necesario balance entre los fondos para la reducción de emisiones y los fondos para la atención de los riesgos climáticos de la población, los sistemas productivos e infraestructura, en especial en los países en desarrollo.

El Perú reconoce la necesidad de contar con una institucionalidad y un marco legal moderno y eficaz, pero ambos deben diseñarse en armonía con la diversidad cultural y natural del país, respetando las capacidades locales y las formas culturales de respuesta, así como el capital social acumulado con los conocimientos tradicionales. El financiamiento y la ayuda internacionales, la construcción de capacidades nacionales y locales, y la transferencia de tecnología, deben conformar un todo diseñado en función de las necesidades nacionales.

En este sentido, para que el Perú logre avances sustantivos en el cumplimiento de los objetivos internacionales, es necesario que los organismos de ayuda para el desarrollo, en especial los del sistema de Naciones Unidas, tengan una acción más sinérgica, flexible, y adecuada a las diversas situaciones nacionales y realidades culturales. La situación de los países en desarrollo requiere un acompañamiento diversificado, sin desconocer las ventajas de las lecciones aprendidas de experiencias en otros países. Requiere, así mismo, de patrones de diseño de proyectos que sean adecuados a las diversas realidades culturales, reconociendo y empoderando su potencial, así como a las limitaciones que, en cuanto al manejo de ciertas técnicas modernas, se encuentren precisamente por ser un país en desarrollo.

El Perú ha planteado estas necesidades en los foros internacionales, que de otro lado, son tema de diversos intercambios con la cooperación multilateral y bilateral. El Perú está empeñado en avanzar hacia formas institucionales novedosas y marcos normativos adecuados, para acceder a una senda de un desarrollo sostenible con patrones de consumo que permitan el bienestar de las grandes mayorías y la preservación de su patrimonio natural, ambiental y cultural.

PRINCIPIOS A CONSIDERAR PARA UNA REFORMA

Es importante que dentro del proceso de discusiones tendientes a lograr la reforma del Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible, se dé una adecuada consideración a los procesos de consultas anteriores llevados a cabo sobre este tema en el marco del sistema de Naciones Unidas y, en particular, a las decisiones tomadas sobre el mismo por el Consejo de Gobierno del PNUMA. La reflexión debe apuntar a evaluar la racionalidad y las funciones de las principales instituciones que componen el actual sistema de la gobernanza global, desde sus atribuciones normativas, capacidades operacionales y sus respectivos roles de monitoreo y evaluación, respectivamente. Este ejercicio deberá hacerse en paralelo con una evaluación de la efectividad de las instituciones locales, nacionales y/o regionales responsables de implementar políticas de desarrollo sostenible.

De igual manera, resulta esencial evaluar lo alcanzado hasta la fecha en cuanto a la coordinación regulatoria y de políticas, así como en aquella relativa a la coherencia de las actividades de campo que realizan los principales Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMAs), así como de estos con la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, respectivamente.

La promoción de las sinergias entre las entidades del sistema y las Convenciones de Río debe tener garantizadas una adecuada provisión de recursos financieros. En tal sentido, se debe concretar los mecanismos de financiamiento y cooperación previstos en las Convenciones de Río. Dicho apoyo, aunado al que también se debe otorgar a la construcción de capacidades y la articulación dinámica y flexible de tecnologías, es una trilogía que urge establecer y diseñar para todas las Partes que la requieran, en un proceso que debe basarse a partir y en función de las propias circunstancias y necesidades nacionales, sin condicionalidades restrictivas.

Dentro de un plan de creación de sinergias, es muy importante la cooperación del PNUMA con las denominadas entidades de Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio (OMC), respetando sus respectivos mandatos.

Los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) deben ser atendidos de una manera integral y formar parte de las estructuras organizativas de las entidades relevantes del sistema de Naciones Unidas. En ese contexto, la implementación del capítulo 11 del Plan de Implementación de Johanesburgo es fundamental. El marco institucional debe también ser sensible a las necesidades particulares de los países en desarrollo. Esto es fundamental ya que este grupo de países es el que necesita un mayor acceso a los recursos y medios de implementación. De igual forma, deben tomar en cuenta las características particulares de los Estados (Estados menos avanzados, Estados Insulares, Estados Africanos, los países de renta media, etc.) Al Perú, como Estado de renta media, le interesa que se tenga en cuenta que los niveles de pobreza y desigualdad son todavía muy altos lo que acentúa nuestra vulnerabilidad frente a los estragos de la degradación ambiental.

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El desafío que enfrentan los países en la Conferencia Río +20 es poner en valor la dimensión social en el contexto del debate promovido con la propuesta de economía verde, a fin de fortalecer los vínculos entre las dimensiones económicas y ambientales, en el marco de los principios del desarrollo sostenible.

El reto que plantea el tránsito hacia una economía verde puede responderse con la implementación de nuevas políticas públicas, las que, de acuerdo al PNUMA se pueden agrupar en dos grandes ejes: La valoración económica de los servicios ecosistémicos; y la innovación en sistemas de producción más eficientes. En tal sentido, el mercado, ayudado por la regulación estatal y una política de incentivos para el uso de métodos de producción limpios, debe regular las actividades contaminantes a través de un sistema de precios que incorpore los costos de la destrucción del capital natural y que premie a los sistemas de producción económica y ambientalmente eficientes. La crisis actual le ofrece al mundo la gran oportunidad de hacer realidad los principios de Río 92, cambiando los patrones de producción y de consumo e iniciando el tránsito hacia una economía verde. Esto es imprescindible para la construcción de sociedades más equitativas en el marco del desarrollo sostenible.

En tal sentido, el Perú considera que la próxima Conferencia debe adoptar un Plan de Acción que actualice los objetivos de la Agenda 21, fortaleciéndolos a la luz de la experiencia y las lecciones de los últimos 20 años. Asimismo, apoya la adopción de una hoja de ruta para el tránsito hacia una economía verde que, sustentándose en los principios del desarrollo sostenible, tenga en cuenta las capacidades, potencialidades y vacíos, así como la diversidad de los países del mundo.

El Perú sostiene que para asegurar el compromiso político con el desarrollo sostenible, objetivo central de Río +20, es imperativo que se tomen decisiones que permitan concretar y operacionalizar dicho compromiso. En tal contexto, el Perú está de acuerdo con la propuesta de Colombia y Guatemala en el sentido de que Rio + 20 podría asegurar el compromiso político con el desarrollo sostenible, logrando que la comunidad internacional adopte un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), similares y complementarios a los Objetivos del Milenio (ODM).

Los objetivos acordados a nivel internacional podrían ser apuntalados por metas ? como en el caso de los ODM ? y podrían posteriormente traducirse en indicadores que reflejen las diferentes realidades y prioridades a nivel nacional. La definición de los ODS permitiría una identificación más objetiva de las brechas existentes y de las necesidades en los países, al mismo tiempo que alcanzar resultados más concretos con una validez universal.

El Perú considera, sin embargo, que es necesario tener en cuenta que los Objetivos del Milenio, que inspiran la propuesta de los ODS, han tenido progresos desiguales y los beneficios no alcanzan a los sectores más pobres de la población.

Considera, asimismo, que para una efectiva aplicación de los ODM, como de los ODS, es necesario reforzar la voluntad y decisión políticas con el objeto de dar una mayor consistencia a los programas, dar prioridad al desarrollo de las capacidades necesarias y ampliar, al mismo tiempo que hacer más efectiva, la cooperación internacional.

Es necesario señalar que el eje central para la identificación de Objetivos de Desarrollo Sostenible es el respeto a la dignidad de toda persona y que a la medida de tal escala se deben plantear los escenarios deseables. Ello evitará distorsiones normalmente generadas por visiones reduccionistas o meramente econométricas.

De otro lado, el marco institucional multilateral que se acuerde debe ser capaz de responder a los desafíos emergentes del siglo XXI, sobre la base de los principios y objetivos de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, las metas trazadas en la Agenda 21, los ODM, el Plan Estratégico de Bali y el Plan de Implementación de Johannesburgo, así como .a las decisiones tomadas sobre el mismo por el Consejo de Gobierno del PNUMA.

Asimismo, se deben incorporar los principios y objetivos de desarrollo sostenible en las agendas y programas de trabajo de los fondos, programas y agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas. Igualmente, debe asegurarse la participación efectiva de los países en desarrollo en la elaboración de políticas y estrategias globales y regionales, sobre medioambiente, desarrollo e inclusión social.

Estos objetivos requieren el establecimiento de mecanismos realistas y efectivos que posibiliten la transferencia de tecnologías ambientalmente sustentables hacia los países en desarrollo; la creación y el fortalecimiento de las capacidades en dichos países; así como, la asignación de recursos financieros nuevos y adicionales para su cumplimiento.

En el caso específico del PNUMA, se deberá fortalecer su mandato y capacidades institucionales, así como incrementar de manera significativa su base financiera, de forma tal que le sea posible profundizar la coordinación de políticas y la ejecución de sus actividades de campo.

Igualmente, resulta indispensable contar con mecanismos que garanticen la selección del personal más capacitado para los distintos órganos de la Secretaría y de los organismos ambientales. Esto es muy importante si se quiere aspirar a que los organismos del sistema en materia ambiental tengan una participación relevante en otros foros, particularmente los de carácter económico y comercial. No debe perderse de vista la implementación de canales de coordinación y/o retroalimentación informativa con la sociedad civil. Asimismo, debiera privilegiarse las asociaciones (partnerships) con entidades fuera del sistema, en particular las instituciones científicas y de investigación de reconocida trayectoria; de tal forma de consolidar dichas asociaciones y el producto de sus investigaciones ganen legitimidad para los Estados miembros.
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