Dominican Republic
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  • Date submitted: 1 Nov 2011
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Keywords: Climate change (9 hits),

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CONTRIBUCIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA AL PROCESO PREPARATORIO DE LA CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (RIO+20)

1. Introducción

Veinte años después de la realización de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro en 1992, en la cual se adoptó la Agenda XXI y los Principios de Rio-92, la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas ha llamado a sus Estados miembros (Resolución 64/236 de la Asamblea General del 24 de diciembre de 2009) a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil del 4-6 de junio del 2012 (RIO+20), con los objetivos de: a) Asegurar el compromiso político renovado sobre el desarrollo sostenible. b) Evaluar los progresos realizados hasta la fecha, los restos y las deficiencias en la implementación de los compromisos acordados en las grandes cumbres sobre el desarrollo sostenible, y c) Hacer frente a desafíos nuevos y emergentes.

La República Dominicana ha estado participando activamente en el proceso preparatorio de la Conferencia Rio+20, y ha decidido realizar un proceso nacional de consulta con múltiples actores como forma de prepararse para hacer los mayores aportes posible al éxito de la Conferencia y asegurar que las posiciones nacionales reflejen las múltiples perceptivas y expectativas de los actores claves del proceso hacia el desarrollo sostenible del país. Este proceso será coordinado por los Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Agro empresarial Dominicana, La Red Nacional de Empresarios para la Protección del Medio Ambiente y la Federación Dominicana de

Municipios, con el acompañamiento de la oficina Nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La República Dominicana, localizada en el Caribe Insular, comparte con Haití la Isla Hispaniola, la segunda mayor de las Antillas, con una superficie de 76.370,82 km2. La RD ocupa las dos terceras partes orientales, con 48,670.82 km2, y está localizada entre las latitudes norte de 17º 33` y 19º 56` y las longitudes oeste de 68º 25` y 71º 40`. Tiene una topografía predominantemente montañosa, con varias cordilleras montañosas y fértiles valles intramontanos. Estas condiciones propician una amplia gama de ecosistemas y hábitats que incluye zonas áridas y semi-áridas, hábitats costeros-marinos y de agua dulce. La población dominicana totaliza 9.6 millones de habitantes (censo de 2010). El 65% de la población dominicana reside en las zonas urbanas.

La Isla Hispaniola, se considera como una de las más ricas en biodiversidad del mundo. La parte occidente de la Isla, representa una parte significativa de la biodiversidad caribeña y se encuentra en medio de importantes corredores migratorios de especies de aves. Estos territorios son sitios de invernada para muchas aves. Los destinos de la isla se rigen por dos naciones, con diferentes grados de conservación de sus ecosistemas (la masa forestal de Haití se estima en 2% del territorio, mientras que la de República Dominicana es de 28%), y con distintos problemas vinculados con el uso del suelo. En los últimos años la Isla ha sido marcada por la ocurrencia de desastres naturales e inundaciones mortales, causadas en gran parte por la degradación de las cuencas hidrográficas. Vulnerabilidad que afecta gravemente a la economía y el medio ambiente.

2. Antecedentes.

Desde Rio-92 la Republica Dominicana ha fortalecido de forma progresiva su compromiso con el Desarrollo Sostenible y la implementación de la Agenda 21 y el cumplimiento de la Declaración de Rio-92 y ha avanzado de manera progresiva y consciente en la adopción y ratificación de los principales instrumentos jurídicos internacionales ambientales, tanto mundiales como regionales. Somos compromisarios de la Agenda 21, los Principios de Rio, la Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, el Convenio de Diversidad biológica, la Convención sobre Desertificación y Sequia, el convenio para la Protección de la Capa de Ozono y su Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo, el Convenio de Basilea Sobre el Transportes Transfronterizos de Desechos Peligrosos y Otros Desechos, el Convenio de Cartagena sobre la Protección de los Recursos del Mar de la Región del Gran Caribe, así como del Convenio CITES y RAMSAR entres otros importantes AMUMAS. Igualmente, somos parte de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, del Sistema de Integración Centroamericana y observadores del CARICOM. Somos parte de la Estrategia de Mauricio de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y de la AOSIS.

Nuestros compromisos renovados con el desarrollo sostenible se expresa claramente en la nueva Constitución de la República Dominicana, promulgada en el pasado año 2010, establece el desarrollo sostenible, como el modelo de desarrollo que debe primar en la República Dominicana. Un camino trascendental en el proceso nacional hacia el desarrollo sostenible, es el Diseño del ¨Anteproyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030¨ con alcance de 20 años, dirigida a alcanzar ¨Una sociedad con cultura de consumo y producción sostenible que protege el medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático¨. Actualmente está en el Congreso Nacional para convertirla en Ley.

En el marco y cumplimiento de estos instrumentos jurídicos internacionales, hemos formulado y contamos con: a) las Comunicaciones Nacionales del Convenio Marco de Cambio Climático; b) el Plan de acción Nacional del Convenio sobre Desertificación y Sequia; c) la Política Nacional para la Gestión Efectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; d) el Plan de Acción Nacional para la implementación del Plan de Trabajo sobre Areas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica; y, e) el Plan de Acción Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina Proveniente de Fuentes Terrestres del Programa de Acción Mundial del PNUMA. Hemos preparado, el perfil nacional para la gestión de los productos químicos en cumplimiento con los acuerdos de Johannesburgo 2002, y contamos con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Ha sido significativo, la formulación de los Perfiles Temáticos de las Convenciones sobre Cambio Climático, Desertificación y Sequia, y Diversidad Biológica. Así como el Informe de Sinergias de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, la Evaluación de las Capacidades Nacionales para la Aplicación de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, y el Plan Estratégico de Aplicación de los AMUMAS.

El país, eliminó el uso de los CFC y se encuentra elaborando el plan para la eliminar los HCFC. Existe un decreto presidencial que regula el manejo de estas sustancias). En estos momentos el país está inmerso en un proceso de restauración de los ecosistemas boscosos nacionales y transfronterizos. Con estos fines, el Gobierno Dominicano ha establecido el Plan Nacional de Reforestación denominado "Quisqueya Verde". A través de este Plan, se vienen promoviendo desde el 2008 ideas y acciones en la zona fronteriza, identificadas como "Programa Frontera Verde?, Un espacio Solidario y de Compromiso Común, que incluye acciones de reforestación y alternativas de sustento a lo largo de la frontera de ambos países; y mediante el cual se han plantados más de 10 millones de árboles y creado más 5,000 empleos verdes en el 2010.

Este programa a la vez que restaura la parte alta de las cuencas hidrográficas fronterizas, ha sacado de la extrema pobreza a miles de familias haitianas y dominicanas, y fortalecido la inclusión de la mujer en la economía y en la ejecución de la política ambiental en ambos países, al establecer que todos los coordinadores de las brigadas de reforestación sean mujeres. Estas acciones han sido desarrolladas en procesos ampliamente participativos e inclusivos de los múltiples actores interesados a los niveles nacionales, regionales, provinciales y locales en la dirección de alcanzar el desarrollo sostenible de la nación dominicana.

3. Expectativas en relación con los resultados de Río+20. Para la Republica Dominica Rio+20 reviste gran importancia dado los temas y aspectos que serán abordados en esta Conferencia, de manera especial el tema relativo a la Economía Ecológica-verde, en el contexto de la erradicación de la pobreza como una oportunidad para incorporar la dimensión ambiental en el pilar económico, como instrumento para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestros países.

El apoyo que puede brindar la cooperación internacional al diseño y ejecución de las estrategias, planes, y programas nacionales sobre la base de que los mismos reflejen adecuadamente las expectativas y metas nacionales, en el marco de compromisos y procesos que involucren los múltiples actores del desarrollo sostenible con alcance de mediano y largo plazos.

Se considera clave asegurar compromisos firmes en aspectos tales como la transferencia e innovaciones tecnológicas de los países desarrollados hacia los países en via de desarrollo a precios concesionales, la dotación de recursos nuevos y adicionales para que los países en vía de desarrollo puedan financiar su transición hacia una economía ecológica-verde, la adopción de un marco de política sobre producción y consumo sostenible a diez (10) anos, el apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en los niveles globales, regional y nacionales y de manera especial en lo relativo al pilar ambienta.

Es preciso que se reafirme el compromiso político con la Agenda 21 y su Plan de Implementación, la identificación de mecanismos eficaces para evitar la especulación financiera con los alimentos y los combatibles, la adopción de compromisos firmes para asegurar financiamientos nuevos y predecibles para financiar el los procesos cambio hacia la economía ecológica-verde en los países en vías de desarrollo, con énfasis en la erradicación de la pobreza extrema. Esperamos acuerdos vinculantes para la creación de un fondo mundial a partir de contribuciones de las grandes empresas transnacionales para ser focalizado para enfrentar la crisis ambiental global y los efectos adversos de la especulación financiera internacional en los alimentos y el petróleo.

4. Agentes pertinentes cuya participación se contempla. Es fundamental para la Republica Dominicana asegurar la participación efectiva y el involucramiento en el proceso preparatoria de Rio+20 y en la implementación de sus resultados de los múltiples actores necesarios para el desarrollo sostenible, con énfasis en los grupos principales, en forma específica los empresarios, la juventud, las mujeres, los agricultores, las iglesias, los gobiernos locales y las comunidades organizadas, los medios de comunicación y las instituciones del gobierno central, con el acompañamiento de la comunidad internacional a través de las organizaciones multilaterales y las agencias de cooperación de los países.

5. Mecanismos de cooperación específicos y arreglos de asociación previstos. Fortalecer los órganos, organismos y agencias de cooperación multilaterales y del Sistema de las Naciones Unidas incrementando la presencia, en la toma de decisión de los mismos, de los países en vías de desarrollo a fin de las políticas trazadas por estas instituciones consideren las necesidades y particularidades tales países. Alentar la articulación de las múltiples fuentes de financiamiento existentes para asegurar los recursos necesarios para la ejecución de las agenda 21 nacionales, con atención en el fortalecimiento de los espacios regionales y subregionales de cooperación técnica y financiera.

6. Asegurar la renovación del compromiso político de lograr el desarrollo sostenible. La Republica Dominicana ha reafirmado su compromiso político con el Desarrollo sostenible al incorporar en la nueva Constitución de la República Dominicana, promulgada en el pasado año 2010, la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, elevando al más alto nivel jurídico lo establecido en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la vez que incorpora en la legislación nacional los principios de Rio-92 lo cual se reafirma en la Ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Planificación y en los instrumentos de planificación global de dicho sistema, principalmente los que incluye la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

En marzo 2011, mediante la Resolución No 027/2010 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se adopto la Política de Consumo y Producción Sostenible, que es consistente con el enfoque de la visión, objetivos y resultados del desarrollo, explicitados en tres de los ejes o pilares estratégicos de la END: Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y Medio Ambiente. El compromiso político queda también indicado en el diseño de un conjunto de normas ambientales relativas a temas críticos del desarrollo sostenible, tales como agua, calidad del agua, ruido y otros, así como normativa para el manejo del tema en el ámbito regional y local. La Ley prevé que en el ámbito local se establezcan unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), acción que está en desarrollo a nivel del territorio. Como evidencia adicional del compromiso político con el tema desarrollo sostenible, es importante resaltar la creación en el 2008 del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

A estas iniciativas institucionales se agrega el trabajo que a nivel externo han realizado las instituciones del Gobierno en los diferentes foros y mecanismos internacionales, como la Cumbre de Mauricio, la Declaración de Santo Domingo en el marco de la OEA, entre otros, que han evidenciado la sensibilidad existente en el nivel de la institucionalidad sobre el tema y agenda de desarrollo sostenible.

Los sectores sociales, salud y energía continúan siendo prioridad para la política de desarrollo sostenible, evidenciado por los montos asignados de manera directa por la Ley de Gastos Públicos 2012 promulgada recientemente. El monto destinado a la política social está cubriendo de manera directa a la décima parte de la población, en tanto que el presupuesto para energía tiende a crecer por los altos costos del petróleo y sus derivados, por lo que el Estado está promoviendo la energía renovable. Otro aspecto importante a que ha hecho frente el país es garantizar la seguridad alimentaria de la población, ante el problema de la volatilidad de los precios de los alimentos, las materias primas y el petróleo generada por la especulación financiera internacional lo cual está condenando a millones de seres humanos al hambre y constituyéndose en barrera para que nuestros países puedan alcanzar los objetivos de desarrollos del milenio, a pesar de lo cual hemos sido objeto de reconocimiento por parte de la FAO y otros organismos por la producción significativa de alimentos y el establecimiento de reservas estratégicas, al tiempo de impulsar la agricultura ecológica con cultivos con el banano, mango, aguacate, café y el cacao, principalmente.

En materia ambiental, la prioridad es garantizar la cobertura boscosa y los bienes y servicios ambientales que aporta al desarrollo el sistema nacional de áreas protegidas, las cuales están amenazadas por actividades productivas, estatus legal y otros tipos de reclamo. También, la recuperación de las 14 cuencas hidrográficas con que cuenta el país es una prioridad para el desarrollo.

En lo que corresponde al ámbito social, se están ejecutando políticas y programas públicos focalizados para la reducción de la pobreza crítica y garantizar acceso a educación y salud a los sectores más vulnerables, implementados principalmente, desde el Gabinete de Política Social. El Estado tiene dos retos cruciales en este ámbito para el desarrollo sostenible en los próximos diez años: lograr universalizar la cobertura de la seguridad social y el acceso a una educación de calidad, principalmente en los niveles de la educación básica y primaria.

En el ámbito del desarrollo productivo, existen políticas en curso cuya formulación es consistente con el enfoque de desarrollo sostenible, como es el caso de turismo y agricultura orgánica, principalmente. Sin embargo, de manera generalizada, no es posible dar cuenta de que las políticas públicas estén satisfactoriamente formuladas con un enfoque y énfasis explícitos de producción y consumo sostenibles. Como quedo indicado, en la actualidad está formulada y resolutada por parte del Ministerio de Medio Ambiente, consensuada con los actores, la política de consumo y producción sostenible, que potenciará el tema en el ámbito de producción limpia.

7. Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza. En la Republica Dominicana, aun no existe consenso sobre el concepto economía ecológica o verde y se está iniciando una discusión pública al respecto. Sin embargo existe un conjunto de experiencias en curso y exitosas que nos permiten indicar que hay una percepción en los sectores público y privado sobre las características fundamentales que deberá tener cualquier aproximación globalmente acordada sobre este concepto.

Experiencias exitosas asociadas a la economía ecológica-verde son:

a) El Plan Nacional Quisqueya Verde, a través del Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales con una meta de plantar 20 millones de árboles por año, constituyendo un monto significativo en el gasto publico sectorial. En adición, se han establecido incentivos fiscales para la inversión en energía limpia (eólica y solar).

b) Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el país, a través del Consejo de Cambio Climático.

c) Un 15% de la generación de electricidad está basada en fuente hidro, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernado (GEI) y a conservar boscosa en las cuencas de los ríos sobre los cuales operan. Igualmente se han instalado un parque eólico de 30MWW y está en proceso la instalación de tres nuevos parques.

d) La construcción del Metro de Santo Domingo, que ha contribuido a la reducción del impacto de las emisiones del sector transporte. Este proyecto, tanto su primera línea como la segunda en construcción, se está estudiando su inclusión como iniciativa MDL bajo la Convención Marco sobre Cambio Climático.

e) El impulso logrado por la agricultura orgánica y su posicionamiento en el mercado internacional.

f) Se desarrollan proyectos de reciclaje de plástico y metales y otros materiales. En esta perspectiva Economía Ecológica-Verde es aquella que:

a) Fortalece la interacción de los 3 pilares del desarrollo sostenible;

b) Está enfocada en la erradicación de la pobreza, el hambre y las desigualdades;

c) Promueve un régimen económico global más justo, inclusivo y equitativo para la humanidad y la naturaleza;

d) Procura el comercio justo, el empleo digno, las tecnologías seguras y accesibles priorizando el conocimiento local en las buenas prácticas de producción con tecnología limpia, garantizando el financiamiento para la implementación de las políticas y estrategias de los países en desarrollo, bajo el principio de la responsabilidad común pero diferenciada;

e) Reduce el impacto de las crisis emergentes globales, particularmente en las poblaciones y las economías de los países en desarrollo, poniendo especial atención a los temas prioritarios de crisis energética y volatilidad de los precios, Crisis Financiera, Desastres, Crisis alimentaria y especulación de precios de los alimentos, el Cambio Climático, Escasez de Agua, y en la adopción de Patrones de Producción y Consumo Sostenible.

f) Considera las particularidades de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y su alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

8. Marco institucional para el desarrollo sostenible.

A fin de asegurar la adecuada coordinación y el mutuo apoyo de los pilares del Desarrollo Sostenible es necesario que en el marco de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas se hagan los arreglos institucionales adecuados en tal sentido creemos como necesario y factible,, tomando en cuenta la reiterada voluntad de la comunidad internacional de asegurar el logro del desarrollo sostenible transformar al Consejo Económico y Social (ECOSOC) en un Consejo de Desarrollo Sostenible, que incorpore la dimensión ambiental y cuyas decisiones sean vinculantes para los organismos especializados y subsidiarios del sistema de las Naciones Unidas. En esta misma dirección consideramos que nos es posible alcanzar el desarrollo sostenible si sus tres pilares fundamentales no están adecuadamente e igualmente considerados en la arquitectura institucional internacional de gobernanza. Asegurar una marco institucional de gobernanza del pilar ambiental en los niveles de los demás pilares del desarrollo sostenible es uno de los desafíos de Rio+20, por lo cual consideramos que fortalecer y reestructurar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), transformándolo en una Agencia u Organización Mundial Ambiental conforme las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, sin perjuicio de los demás pilares del desarrollo sostenible, sería una acción que estaría cónsona con la necesidad de hacer frente a la dimensión de la crisis ambiental mundial y con los retos que enfrentan los países en vías de desarrollo. Esta Organización se fundamentaría en los principios de la responsabilidad compartida pero diferenciada, en la equidad, en la igualdad soberana de los Estados, y en la soberanía de los Estados para decidir sus propias políticas en materia de medio ambiente y recursos naturales sin que ello implique la afectación de los recursos de otros Estados o de espacios fuera de su jurisdicción.

English Translation

Translated from Spanish

DOMINICAN REPUBLIC INPUT TO THE PREPARATORY PROCESS FOR THE CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (RIO+20)

1. Introduction

Nearly 20 years after the holding of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, at which Agenda 21 and the Rio Principles were adopted, the General Assembly of the United Nations invited Member States to attend the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 4 to 6 June 2012 (General Assembly resolution 64/236 of 24 December 2009). The Conference objectives were to: (a) secure renewed political commitment for sustainable development; (b) assess progress to date and remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development; and (c) address new and emerging challenges.

The Dominican Republic has been participating actively in the preparatory process for the Rio+20 Conference and has decided to conduct a national consultative process with multiple stakeholders to enable it to maximize its contribution to the success of the Conference and ensure that the Government?s positions reflect the many perspectives and expectations of key stakeholders in the country?s sustainable development process. The consultative process will be coordinated by the Ministry of Environment and Natural Resources, the Ministry of Economy, Planning and Development and the Ministry of Foreign Affairs, the Dominican Agricultural Enterprise Board, the National Business Network for Environmental Protection and the Dominican Federation of Municipalities, with support from the National Office of the United Nations Development Programme.

The Dominican Republic shares with Haiti the Caribbean island of Hispaniola, the second largest in the Antilles with an area of 76,370.82 sq. km. It occupies the eastern two thirds of the island, with an area of 48,670.82 km, and is situated between latitudes 17 33? and 19º 56? north and longitudes 68º 25? and 71º 40? west. Its topography is predominantly mountainous, with a number of mountain ranges intercut by fertile valleys. These conditions give rise to a wide range of ecosystems and habitats, including arid and semi-arid zones and marine-coastal and freshwater habitats. The country?s population is 9.6 million inhabitants (2010 census), 65 per cent of whom live in urban areas.

Hispaniola is considered to be one of the most biologically diverse islands in the world. Its western part is home to a significant proportion of Caribbean biodiversity and is located along important bird migration corridors, its territory providing wintering sites for many birds. The island is shared by two countries with differing levels of ecosystem conservation (Haiti?s forests are estimated to cover 2 per cent of the national territory, whereas the figure for the Dominican Republic is 28 per cent) and different problems related to soil use. In recent years, the island has been hit by natural disasters and catastrophic floods, largely caused by river basin degradation, a vulnerability that has serious economic and environmental repercussions.

2. Background

Since the first Rio Conference, the Dominican Republic has gradually strengthened its commitment to sustainable development and the implementation of Agenda 21 and the Rio Declaration and has made conscious, gradual progress in adopting and ratifying the main global and regional environmental instruments.

The Dominican Republic is thus a party to, inter alia, Agenda 21 and the Rio Principles, the United Nations Framework Convention on Climate change and its Kyoto Protocol, the Convention on Biological Diversity, the United Nations Convention to Combat Desertification, the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the Convention on Prior Informed Consent, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, the Cartagena Convention for the Protection and Development of the Marine Environment in the Wider Caribbean Region, the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and the Ramsar Convention, among other major multilateral environmental agreements.

The country is also a member of the Alliance for the Sustainable Development of Central America and the Central American Integration System and has observer status in the Caribbean Community (CARICOM). It is a party to the Mauritius Strategy for the Sustainable Development of Small Island Developing States and a member of the Alliance of Small Island States (AOSIS).

Its renewed commitment to sustainable development is expressed clearly in the new Constitution of the Dominican Republic, promulgated in 2010, which enshrines sustainable development as the development model that must prevail in the country. One crucial step in the national sustainable development process was the drafting of the preliminary bill containing the 20-year National Development Strategy 2010-2030, aimed at creating a society with a culture of sustainable consumption and production that protects the environment and natural resources and promotes appropriate adaptation to Climate change. The bill is currently before the National Congress with a view to its becoming law.

Within the framework of and pursuant to the abovementioned international legal instruments, the Dominican Republic has formulated: (a) national communications under the Framework Convention on Climate change; (b) a national plan of action under the Convention to Combat Desertification; (c) a national policy for the effective management of the national system of protected areas; (d) a national plan of action for the implementation of the Biodiversity Convention?s Programme of Work on Protected Areas; and (e) a national plan of action for the prevention of marine pollution from land-based sources under the Global Plan of Action of the United Nations Environment Programme (UNEP).

A national profile for the sound management of chemicals has been prepared pursuant to the 2002 Johannesburg agreements and there is a national sustainable production and consumption policy. The formulation of thematic profiles under the Climate change, Desertification and Biodiversity Conventions has been significant, as have the report on synergies among multilateral environmental agreements (MEAs), the evaluation of national capacities for MEA implementation and the strategic plan for MEA implementation.

The Dominican Republic has eliminated the use of chlorofluorocarbons (CFCs) and is drawing up a plan for the elimination of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). There is a presidential decree regulating the handling of these substances.

Currently, the country is engaged in a process of restoring national and transboundary forest ecosystems. The Government drew up a national reforestation plan, Quisqueya Verde, under which ideas and activities known as the ?Green Border Programme; a space of solidarity and shared commitment? have been promoted in the border area since 2008. The programme, which includes reforestation activities and the creation of alternative livelihoods along the border between the Dominican Republic and Haiti, planted over 10 million trees and created over 5,000 green jobs in 2010.

In addition to restoring the upper reaches of river basins in the border area, the programme has lifted thousands of Haitian and Dominican families out of extreme poverty and increased women?s participation in the economy and in the implementation of environmental policy in both countries by stipulating that all coordinators of reforestation brigades must be women. These activities have been carried out with the wide participation and inclusion of the many national, regional, provincial and local stakeholders in the process of achieving the country?s sustainable development.

3. Expectations for the outcome of Rio+20.

The Dominican Republic attaches great importance to Rio+20 because of the topics and aspects that it will address, especially the topic of the green economy in the context of poverty eradication as an opportunity for incorporating the environmental dimension into the economic pillar, as a means of achieving our countries? sustainable development.

International cooperation can support the design and implementation of national strategies, plans and programmes that accurately reflect national expectations and goals, within the framework of medium- and long-term commitments and processes that involve the many sustainable development stakeholders.

The Dominican Republic considers it crucial to obtain firm commitments on such aspects as the transfer of technology and technological innovation from developed to developing countries at concessionary prices, the provision of new and additional resources so that developing countries can finance their transition to a green economy, the adoption of a 10-year policy framework on sustainable production and consumption, and support for institution-building for sustainable development at the global, regional and national level, especially with regard to the environmental pillar.

It is essential that political commitment to Agenda 21 and its implementation programme is renewed, that effective mechanisms for preventing financial speculation in foodstuffs and fuels are identified and that firm commitments are made to provide new and predictable financing to fund the transition to a green economy in developing countries, with emphasis on poverty eradication. We expect binding agreements on the creation of a global fund, using contributions from the major transnational corporations, which will focus on tackling the global environmental crisis and the adverse effects of international financial speculation in foodstuffs and oil.

4. Relevant actors whose involvement is envisaged

The Dominican Republic considers it crucial to ensure the effective participation and involvement in the Rio+20 preparatory process and the implementation of its outcomes of the many stakeholders who are key to sustainable development, with emphasis on the major groups of stakeholders, namely, business persons, young people, women, farmers, churches, local authorities and community organizations, the media and central Government institutions, and with the international community providing support through multilateral organizations and national cooperating agencies.

5. Specific cooperation mechanisms and partnership arrangements envisaged

Strengthen multilateral and United Nations cooperation organs, bodies and agencies by broadening developing countries? participation in their decision-making processes, so that the policies adopted by these institutions consider the needs and specificities of developing countries.

Promote coordination of the many existing sources of financing in order to ensure that the necessary resources are provided for implementing national Agenda 21 programmes, with emphasis on the strengthening of regional and subregional technical and financial cooperation channels.

6. Secure renewed political commitment for sustainable development

The Dominican Republic reaffirmed its political commitment to sustainable development by incorporating the environmental dimension of sustainable development into the new Constitution promulgated in 2010, thereby giving constitutional rank to Act No. 64-00, the Environment and Natural Resources Act, which established the Ministry of Environment and Natural Resources and incorporated the Rio Principles into domestic legislation. This commitment was further reaffirmed in the Act establishing the new national planning system and in the system?s comprehensive planning instruments, chiefly those included in the National Development Strategy (END).

In March 2011, the sustainable consumption and production policy was adopted by means of resolution No. 027/2010 of the Ministry of Environment and Natural Resources. This policy is consistent with the approach of the vision, objectives and outcomes of development explained in three of the strategic axes or pillars of the National Development Strategy: productive development, social development and environment.

The country?s political commitment is also reflected in the design of a set of environmental norms on critical sustainable development issues, such as water, water quality and noise, as well as a law on how the environmental issue is to be handled at the regional and local levels. The law provides for the establishment of municipal environmental management units at the local level, a process that it currently under way throughout the country. The establishment in 2008 of the National Council for Climate change and the Clean Development Mechanism is further evidence of the country?s political commitment to sustainable development.

In addition to these institutional initiatives, there is the work done by Government institutions in different international fora and mechanisms, such as the Mauritius Summit and the Santo Domingo Declaration adopted in the framework of the Organization of American States (OAS), which shows that these institutions are very aware of the sustainable development agenda.

The social, health and energy sectors remain a priority for sustainable development policy, as shown by the amounts allocated directly by the recently promulgated 2012 Public Spending Act. The amount allocated to social policy covers a tenth of the population directly, while the energy budget is growing as a result of the high costs of petroleum and petroleum by-products, which is why the State is promoting renewable energy.

Another important issue that the country has had to address is how to guarantee food security for the population, given the volatility of prices for foodstuffs, raw materials and oil caused by international financial speculation. Such speculation is condemning millions of human beings to starvation and creating a barrier to developing countries? attainment of the Millennium Development Goals. In spite of this, the Dominican Republic has been recognized by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and other bodies for producing significant amounts of food and creating strategic reserves, at the same time as promoting organic farming, mainly with crops such as banana, mango, avocado, coffee and cocoa.

In environmental matters, the priority is to safeguard forest cover and the environmental goods and services contributed to development by the national system of protected areas, namely, areas that are threatened by production activities and by legal status and other claims. Another development priority is to restore the country?s 14 river basins.

In the social sphere, public policies and programmes are being implemented ? mainly by the social policy cabinet - that focus on reducing critical poverty and guaranteeing access to education and health for the most vulnerable sectors. The State faces two critical challenges in this sphere for sustainable development over the next 10 years: providing universal social security coverage and universal access to quality education, principally at the elementary and primary levels.

In the area of productive development, there are policies in force whose formulation is consistent with the sustainable development approach, above all, green tourism and organic farming. Generally speaking, however, it cannot be said that public policies are satisfactorily formulated with an explicit sustainable production and consumption approach and emphasis. As already indicated, the Ministry of Environment has formulated and enacted a sustainable production and consumption policy that was agreed with stakeholders and will help to promote clean production.

7. Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication

There is as yet no consensus in the Dominican Republic on the concept of the green economy - a public debate on the issue is just beginning - but there are a number of successful experiments under way that make it possible to say that there is a perception in the public and private sectors of the basic characteristics that any globally agreed approach to this concept should have.

The following are some successful experiments associated with the green economy:

(a) The Quisqueya Verde national plan, implemented by the Ministry of Environment and Natural Resources with the goal of planting 20 million trees a year, which receives a significant amount of sectoral public spending. Tax incentives for investing in clean energy (wind and solar) have also been created;

(b) Clean Development Mechanism (CDM) projects in the country, through the Council for Climate change;

(c) Around 15 per cent of electricity generation is hydroelectric, helping to reduce greenhouse gas emissions and conserve forests in the river basins in which hydroelectric schemes operate. A 30-megawatt wind farm has also been installed and three more are in the pipeline;

(d) Construction of the Santo Domingo metro line, which has helped reduce the impact of transport sector emissions. Consideration is being given to the inclusion of this project - both the first line and the second line that is currently under construction - as a CDM initiative under the Framework Convention on Climate change;

(e) Successful expansion of organic farming and its positioning on the international market;

(f) Recycling projects for plastic, metals and other materials.

From this standpoint, the green economy is one which:

(a) Increases the interdependence of the three pillars of sustainable development;

(b) Is focused on the eradication of poverty, hunger and inequality;

(c) Promotes a fairer, more inclusive and more equitable economic system for humans and nature;

(d) Seeks to ensure fair trade, decent employment and safe and accessible technologies by giving priority to local knowledge in good production practices with clean technology and guaranteeing funding for the implementation of developing countries? policies and strategies, according to the principle of common but differentiated responsibilities;

(e) Reduces the impact of emerging global crises, particularly on the populations and economies of developing countries, paying particular attention to the priority issues of energy crisis and price volatility, financial crisis, disasters, food crisis and food price speculation, Climate change and water shortage and to the adoption of sustainable production and consumption patterns;

(f) Considers the specificities of small island developing States and their extreme vulnerability to the effects of Climate change.

8. Institutional framework for sustainable development

In order to ensure that the pillars of sustainable development are properly coordinated and mutually reinforcing, appropriate institutional arrangements will have to be made within the framework of the United Nations. To this end, the Dominican Republic considers it necessary and feasible, given the international community?s repeatedly expressed willingness to ensure the achievement of sustainable development, to transform the Economic and Social Council into a Sustainable Development Council that incorporates the environmental dimension and whose decisions are binding on the specialized agencies and subsidiary bodies of the United Nations system. We likewise believe that sustainable development cannot be achieved unless its three fundamental pillars are given a proper and equal place in the international institutional architecture of governance.

Establishing an institutional framework of governance for the environmental pillar at the same level as the other pillars of sustainable development is one of the challenges facing Rio+20. That is why the Dominican Republic believes that strengthening and restructuring the United Nations Environment Programme (UNEP) in order to transform it into a global environmental agency or organization in keeping with the Charter of the United Nations, without prejudice to the other pillars of sustainable development, would be consistent with the need to address the scale of the global environmental crisis and with the challenges facing developing countries. Such an organization would be based on the principles of common but differentiated responsibilities, equity and sovereign equality of States and on the sovereign right of States to determine their own environmental and natural resource policies without this affecting other States? resources or areas beyond their jurisdiction.

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