Investigadora Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
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  • Date submitted: 1 Nov 2011
  • Stakeholder type: Major Group
  • Name: Investigadora Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
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Keywords: Crisis (2 hits), crises (0 hits),

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Colombia: aportes de algunas organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, campesinas, de mujeres rurales y de la sociedad civil colombiana abajo firmantes, someten algunas consideraciones para el documento de compilación que servirá de base para la preparación de un borrador preliminar del documento final de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río + 20.

Lo primero que hay que anotar es que las preguntas guía responden a una orientación específica en el marco de los temas que han sido definidos como centrales (economía verde y marco institucional para el desarrollo sostenible), pero no permiten abordar otros temas ambientales desde una visión holística. Particularmente, la centralidad en la economía verde, por un lado, sigue supeditando lo ambiental a lo económico, por otra parte, está desplazando otros aspectos que debieran ser abordados en la conferencia y, además, no permite proponer el indispensable cambio drástico de rumbo que la situación ambiental requiere.

Adicionalmente, anotamos que el contexto desde hace 20 años ha cambiado y son manifiestos los límites de la naturaleza frente a la explotación de los recursos naturales. De ahí que se requieran acciones concretas por parte de los Gobiernos, que partan de una evaluación sobre los compromisos adquiridos y los resultados durante estos años. Estos temas se desarrollan a continuación con base en las preguntas planteadas.

a. ¿Cuáles son las expectativas en relación con los resultados de Río+20, y qué propuestas concretas hay a este respecto, incluidas las opiniones sobre una posible estructura del documento final?;

El punto de partida de Río + 20 debe ser una evaluación de los compromisos adquiridos por los Estados respecto del medio ambiente, en el mismo período. Esta evaluación debe permitir no sólo una medición del cumplimiento, sino también un análisis causal, una búsqueda del por qué y quienes son los responsables. Algunas preguntas que se deben resolver en Río + 20 son:

- ¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de los compromisos de los Estados en materia ambiental?

- ¿Qué se ha cumplido?

- ¿Cuáles son los resultados?

- ¿Cómo ha sido la implementación de las medidas de acuerdo a los tratados, convenciones, declaraciones, planes, declaraciones y programas adoptados por los Estados?

- ¿Cuáles son las causas del cumplimiento/incumplimiento de los compromisos?

- ¿Cuáles son las medidas realistas que se pueden adoptar?

- ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los compromisos estatales?

- ¿Cuáles son las pérdidas irrecuperables?

Este proceso de evaluación debe producir propuestas concretas, a través de medidas de carácter vinculante, que puedan traducirse en una política ambiental al interior de los Estados. Anotamos que Río + 20 debería contar con la presencia de jefes de Estado, por la centralidad de los temas a tratar y por la necesidad de generar compromisos internacionales de carácter vinculante.

Además, del ámbito internacional y regional, Río + 20 debe tener efectos al interior de los Estados, en el nivel local y nacional. Se debe hacer un llamado para la generación de una agenda ambiental, que tenga carácter vinculante, que contemple mecanismos de cumplimiento y que pueda ser exigida por la sociedad civil. En los últimos años ha habido un proceso de flexibilización de lo Estatal derivado del modelo de desarrollo, que ha desplazado su atención a los sectores económicos, quienes también deben asumir responsabilidad por la devastación ambiental, pero sin perder de vista la responsabilidad estatal. Por ello, es imprescindible que los Estados creen, reformen o mejoren entidades y designen funcionarios competentes, capaces y con formación en el área. Así mismo, que se articulen acciones conjuntas entre entidades responsables en el tema ambiental, que exista una actividad legislativa que considere los efectos ambientales y una actuación decidida de los órganos de control.

En el mismo sentido, se debe garantizar: el empoderamiento de la sociedad civil, particularmente, de las mujeres, indígenas, jóvenes, campesinos y afrodescendientes, en la toma de decisiones en materia ambiental, mediante las veedurías ciudadanas y el ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

Río + 20 no puede centrar su discusión en la economía verde, sino que debe abordar otros temas urgentes, como: los efectos por el cambio climático, la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra, el acceso al agua potable, aplicabilidad y desarrollo de energías alternativas, biodiversidad, entre otros. Consideramos que en materia ambiental es difícil establecer una priorización o sectorización de temas, puesto que la mirada debe ser holística. Se requiere la transversalidad del tema ambiental en el desarrollo de planes y programas. Adicionalmente, el cumplimiento de compromisos ambientales involucra a diversos actores y a diversas entidades al interior de los Estados, que de una u otra forma están relacionadas con estos temas.

Asimismo, se debe fomentar acciones para una cultura ciudadana ambientalista que se base en la sensibilización, conocimiento, capacitación y organización de la sociedad civil para promover el cuidado, la ética y cultura ambiental.

También es necesario que se reconozcan los saberes ancestrales y tradicionales en el uso del suelo y los recursos naturales; en el manejo, preservación y conservación del material genético; y los demás aspectos culturales derivados de la relación de las comunidades locales con sus territorios.

Por otra parte, Río + 20 debe hacer un llamado a la cooperación de los organismos especializados, a los países desarrollados y a las instituciones financieras internacionales, para que incorporen y adopten criterios ambientales en sus decisiones. La cooperación al desarrollo pese a que tiene efectos en la explotación de recursos naturales, no obedece a criterios de sostenibilidad o aspectos ambientales, sino que está orientada por la pobreza. De igual manera, no existen recursos para la investigación, condiciones o acuerdos que respondan y respeten aspectos ambientales.

Adicionalmente, se deben renovar y definir compromisos respecto del cambio climático. El compromiso internacional que se derivaba de la implicación sobre cambio climático expira en el 2012, por tanto resulta insuficiente. Además, los grandes contaminadores no hacen parte del mismo. Por ello, es necesario que existan instrumentos vinculantes, que superen la voluntariedad de los Estados, para llegar a acuerdos obligatorios al respecto.

b. ¿Cuáles son las observaciones, en caso de que las haya, en relación con las propuestas existentes? (por ejemplo, una hoja de ruta para la economía verde, un marco de acción, unos objetivos de desarrollo sostenible, una asociación mundial revitalizada para el desarrollo sostenible, u otras?;

No se trata de generar rutas u objetivos que respondan a cuestiones que desde hace 20 años se vienen advirtiendo, ni de generar una agenda verde, sino de compromisos reales que partan de una evaluación.

Respecto de la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible, valoramos la iniciativa del Gobierno Colombiano, pero señalamos que los documentos aún no han tenido suficiente divulgación para ser una posición nacional. Ha habido escenarios de retroalimentación de la propuesta que no se han visto reflejados en cambios sustanciales.

La propuesta no parte de una evaluación de resultados o una línea de base construida con la participación de la sociedad civil. Los objetivos deben tener indicadores, que sean: medibles, verificables, adecuados, pertinentes, y elaborados con base en un enfoque de derechos humanos, entre otros.

Adicionalmente, estos objetivos se basan en una visión de desarrollo sostenible, que debe ser discutida en Río + 20.

c. ¿Qué opiniones existen sobre la implementación y sobre cómo reducir los desfases al respecto? ¿Cuáles son los agentes pertinentes cuya participación se contempla (gobiernos, grupos principales específicos, sistema de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, etc.)?;

Independientemente de la implementación de medidas, creemos que el esquema de participación de los grupos principales no da cuenta de todos los interesados. Por ejemplo, observamos que los grupos étnicos sólo están representados por indígenas, pero en algunos países hay otros grupos, como ocurre en Colombia con las comunidades afro- descendientes. Así mismo, existen otros grupos interesados que no se encuentran representados como los campesinos, en particular, las mujeres rurales.

d. ¿Qué mecanismos de cooperación específicos, arreglos de asociación u otros medios de implementación están previstos utilizar y cuál es el plazo pertinente para que se adopten las decisiones propuestas y se apliquen las medidas?

Para la implementación de las medidas que se adopten en Río + 20 se debe contar con mecanismos de veedurías ciudadanas, para hacerle seguimiento y control a las mismas. Así mismo, deben contener mecanismos que garanticen la participación de los actores de la sociedad civil en la toma de decisiones, particularmente, las mujeres rurales, los campesinos, afrodescendientes, jóvenes, y otros grupos interesados. También se debe contar con mecanismos de acceso a la información y acceso a la justicia en materia ambiental.

Elementos específicos:

a. Objetivo de la Conferencia: Asegurar la renovación del compromiso político de lograr el desarrollo sostenible, evaluando los progresos realizados hasta el momento y los vacíos existentes en la implementación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, así como abordando los desafíos nuevos y emergentes. Entre las contribuciones podrían figurar posibles prioridades sectoriales (por ejemplo, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, la transferencia de tecnología, el agua, los océanos, la urbanización sostenible, el consumo y la producción sostenibles, la preparación para los desastres naturales y la adaptación al cambio climático, la biodiversidad, etc.); asimismo, en Río+20 se podrán presentar y respaldar iniciativas sectoriales que contribuyan a integrar los tres pilares del desarrollo sostenible.

No hay un desarrollo metodológico, ni un esquema de evaluación. Las reuniones preparatorias tampoco han permitido este ejercicio, pese a la existencia de acuerdos previos sobre los cuales se puede llevar a cabo este proceso. Existen parámetros, pero no se contemplan herramientas para hacer una evaluación, generar compromisos, mecanismos de medición y acción.

b. Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza: Opiniones sobre cómo puede la economía verde constituir un medio para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, así como la erradicación de la pobreza; cuál es su valor añadido potencial; experiencias hasta la fecha, que incluyan lo que ha funcionado y cómo aprovechar los buenos resultados; cuáles son los retos y oportunidades y cómo abordar estos retos y aprovechar las oportunidades; y posibles elementos de acuerdo para un documento final sobre una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

La adopción del concepto de economía verde, por un lado, no puede desplazar la discusión de otros temas centrales y, por otra parte, no puede desconocer la discusión sobre el modelo de desarrollo.

La economía verde no tiene carácter distributivo y no hay una prevalencia de lo público; por el contrario, busca estimular a determinados actores económicos, pero no a todos los sectores sociales. No existe claridad sobre el cambio que implica este tipo de economía, ni cuál es el destino de la reinversión de las utilidades que ésta produciría.

Por otra parte, no es clara la necesidad que fundamenta la adopción de nuevos conceptos (economía verde), menos aún cuando se ha hecho poco por un desarrollo que permita superar la pobreza, redistribuir la riqueza y superar la Crisis ambiental. Creemos que la adopción de u nuevo concepto no es una salida a la Crisis ambiental, sino que se requiere un cambio de paradigma que haga de lo ambiental un tema central y se tomen decisiones frente a lo que se ha advertido hace más de dos décadas.

c. Marco institucional para el desarrollo sostenible para el desarrollo sostenible Prioridades y propuestas para reforzar los distintos pilares del desarrollo sostenible, así como para reforzar la integración de los tres pilares en múltiples niveles ? local, nacional, regional e internacional.

Se deben generar mecanismos de obligatorio cumplimiento e instancias internacionales con capacidad de acción, así como, mecanismos que aseguren la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en materia ambiental, de acuerdo con el Principio 10 de la Declaración de Río. Además, los mecanismos deben contar con un marco sancionatorio en caso de incumplimiento.

Las reformas o ajustes necesarios en el marco institucional para el desarrollo sostenible deben partir de una evaluación de los resultados de los organismos intergubernamentales existentes.

El marco institucional debe contemplar la creación de una veeduría internacional de la sociedad civil, que también sea acogida al interior de los Estados.

d. Cualquier propuesta para perfeccionar los dos temas. Cabe recordar que en la resolución 64/236 se describe la prioridad de la Conferencia: ?La Conferencia se centrará, entre otros, en los siguientes temas, que serán examinados y perfeccionados en el proceso preparatorio: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible?.

El concepto de desarrollo sostenible es discutible, pero si se mantiene en la agenda requiere de un sistema político, económico, financiero, tecnológico, administrativo, que permita una adecuada gestión ambiental. Adicionalmente, es imprescindible que la toma de decisiones involucre criterios ambientales, de planeación territorial y tome en cuenta la posición de las comunidades locales en el terreno.

Adicionalmente, se requiere un cambio de paradigma epistemológico, que haga de lo ambiental un tema central en la vida económica, política y social. Así como un fortalecimiento a la participación ciudadana, de la democracia y educación ambiental. Entre otros, se debe: reconocer el papel de las comunidades vinculadas al terreno en la conservación de la biodiversidad, en especial de las comunidades étnicas, los campesinos y las mujeres rurales; desarrollar políticas sobre el cambio climático de manera participativa; incluir medidas de prevención y atención a los impactos ambientales; reconocer la sabiduría y los saberes ancestrales de las comunidades en terreno; y garantizar la eliminación de la pobreza, entre otros.

Es necesario cambiar el rumbo. Río + 20 es una oportunidad para pensar diferente.

Organizaciones:

Centro de Estudios e Investigación en Salud Ambiental y Desarrollo (CEINSADE), Corporación ECOFONDO, Corporación Esfera Azul, Corporación Propuesta Ambiental, Corporación Viva la Ciudadanía, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), Instituto para el Desarrollo Sostenible QUINAXI, Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas.

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